¿Qué es la nueva ley de desahucio express?

El pasado verano se aprobó la nueva ley de desahucio exprés (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) que tras casi un año después está empezando a entrever mejoras respecto a un problema que, hasta entonces, podía suponer hasta dos años de sufrimiento para el propietario al que ocupaban la casa.
No es una ley pensada para las grandes sociedades que gestionan activos, sino más bien para el propietario particular. Esa persona que ha invertido parte de sus ahorros en una segunda propiedad, muchas veces pensando en el futuro de sus hijos.

Como decíamos en nuestro anterior artículo, la ocupación ilegal de viviendas ha ido en aumento en España en los últimos años. Según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad no ha dejado de crecer, superando la cifra de 100.000 casos de viviendas ocupadas.

Según un estudio del prestigioso Institut Cerdà, se estima que más de 87.500 familias están ocupando viviendas en España, cifra que equivale a 262.500 personas. La ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y proliferan otros colectivos, según desprende del primer estudio realizado sobre este tema por una fundación privada independiente.

El estudio pone de relieve que las ocupaciones conflictivas, aunque solo suponen entre el 10 y el 35% del total, generan impactos en su entorno inmediato e incrementan factores como la inseguridad, el ruido, la actividad económica ilegal, el deterioro del entorno urbano y su mobiliario, el impacto sobre los comercios y negocios del entorno y la expulsión de los vecinos originarios.

Los municipios entrevistados coinciden en que existe un impacto económico negativo cuando aparecen ocupantes de carácter problemático, de entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda. En el ámbito económico, se estima que la ocupación ilegal supone una pérdida de valor de los inmuebles ocupados de entre el 40 y el 60%

Otros estudios indican que puede haber hasta 10.000 casos de propietarios que no denuncian la ocupación por coacciones. La proliferación de mafias en este campo ha provocado que los okupas ya no sean únicamente familias sin recursos y que haya cada vez más viviendas ocupadas en urbanizaciones de lujo.

La principal mejora de la nueva ley viene dada por el hecho de que el propietario puede acudir en menos tiempo y con menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía hasta el pasado verano del 2018.
A partir de la presentación de una demanda civil de desahucio, se establece un plazo aproximado de 30 días en la que se suele recuperar la vivienda. En el peor de los casos, el propietario puede recuperarla en un plazo de tres a cinco meses.

Es una ley que pretende proteger a propietarios particulares, pero también a Administraciones públicas, cuyas viviendas sociales sean objeto de ocupación ilegal.
No incluye a entidades financieras, promotoras ni fondos de inversión, lo que puede suponer un factor que promueva la ocupación por parte de mafias organizadas de inmuebles pertenecientes a bancos y fondos buitre.

Desde la entrada en vigor de dicha ley cualquier ocupa que no acredite, en un plazo de cinco días un título jurídico (contrato de alquiler o escritura de compra), se enfrentará a un juicio sin posibilidad de recurso, con fecha y hora concreta para autorizar el desahucio. Hay que decir que las personas que ocupan pisos ilegal y organizadamente suelen presentar títulos falsos para eludir la acción de la justicia. Pero el propietario cuenta con armas para protegerse, como las cláusulas en pólizas hogar en las que las compañías de seguro cubren los gastos judiciales en casos de ocupación. Y también con sistemas preventivos de protección anti-okupa en los que STM Seguridad es líder absoluto en el Estado español tanto en fabricación como en instalación y venta.

Se puede consultar el estudio del Instituto Cerdà aquí.

 

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