En distintas ciudades de la Comunidad de Madrid se ha detectado durante los últimos meses la okupación ilegal de viviendas de patrimonio público que gestiona la Agencia de la Vivienda Social.

Concretamente se han localizado 16 okupaciones en Madrid capital, además de Leganés, Arroyomolinos, Valdemoro, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Galapagar, Mejorada del Campo, Coslada y Móstoles.

El pasado martes 17 de diciembre se dio a conocer el informe  elaborado de forma conjunta por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y por la de Vivienda y Administración Local, en el que se da cuenta de una serie de hechos que podrían ser considerados delito, y que están resultando lesivos para el patrimonio público.

En dicho informe se constata que diversas organizaciones mafiosas criminales están usando estas viviendas para hacer negocio. Miembros de dichas organizaciones okupan los pisos que posteriormente ofrecen en alquiler a familias que si están en situación de especial necesidad. También consta en el informe que los beneficios ilegales que obtienen se dedican a financiar otros delitos como prostitución, robos, despiece de vehículos de lujo y tráfico de drogas.

Los vecinos de estos edificios en los que se produce la okupación explican que últimamente se está viendo alterada la convivencia y ha aumentado la inseguridad en sus calles y barrios.

Ante éstos hechos el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado anunció la pasada semana que se van a tomar medidas para reforzar la seguridad en los barrios afectados por ese grave problema. El Gobierno regional va a denunciar ante la Fiscalía Superior de Madrid la ocupación ilegal de 59 viviendas de la Agencia de Vivienda Social que se están utilizando como negocio por parte de mafias criminales.

También se relata en la denuncia que además, los hechos delictivos consecuencia de la okupación ilegal también supone una actuación lesiva para el patrimonio público de la Comunidad de Madrid.

Así mismo se han enviado a todos los ayuntamientos afectados un protocolo de actuación con seis puntos para minimizar los efectos de las ocupaciones ilegales en sus municipios y poder proceder así al desalojo de los inmuebles de propiedad pública con la mayor rapidez posible y para 2020 está previsto poner en marcha cursos de formación jurídica y operativa para policías locales de toda la Comunidad de Madrid.

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