El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 4 de marzo el nuevo Decreto Ley 01/2020 que modifica la definición de “vivienda vacía” del Decreto 17/2020 del 23 de Diciembre pasado. El nuevo texto dice:

“2.1 Se modifica la letra «d» del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que queda redactado de la siguiente manera:

  1. d) Vivienda vacía: «la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A tal efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda.”

 

De acuerdo a la nueva redacción, la ocupación ilegítima de una vivienda no impide que esta pueda considerarse como vacía, aunque se hubiera denunciado.

La norma incluye el alquiler social obligatorio, con una duración de hasta siete años, para personas que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, estén afectadas por procesos de desahucios o lleven más de seis meses ocupando una vivienda en el momento de entrada en vigor del decreto.

El texto deja claro que la ocupación sin título legítimo no impide que una vivienda se considere vacía, aunque el propietario haya iniciado acciones judiciales. Esta nueva definición es ya objeto de aplicación provisional y se espera su convalidación en las próximas semanas.

Es evidente que traerá mucha polémica, ya que obliga a los inversores a ofrecer alquileres sociales a personas que hayan okupado una vivienda vacía (adquirida tras una ejecución hipotecaria, en dación en pago o desahucio) si los mismos demuestran que estaban viviendo en la vivienda desde antes del 30 de junio de 2019 (6 meses). Y los grandes arrendadores (bancos o fondos) no se salvarán aunque hayan interpuesto la correspondiente denuncia por okupación ilegal en el juzgado.

Cuando se trate de  viviendas adjudicadas tras un procedimiento de ejecución hipotecaria, los inversores deberán ofrecer al ejecutado (en caso de estar en situación de exclusión residencial) un alquiler social durante cinco años (si el arrendador es persona física) o de siete años (si es una empresa). También estarán obligados a renovar el contrato de alquiler social si los ocupantes siguen en una situación vulnerable. Esta medida le parece a la Asociación de Promotores de Cataluña muy grave porque “va más allá del texto de la Iniciativa Legislativa Popular de Emergencia Habitacional, aprobada por el Parlament de Cataluña, y representa un claro exceso legislativo que vulnera la seguridad jurídica y compromete la viabilidad de las empresas y de sus trabajadores”. 

En los casos en que exista obligación de ofrecer un alquiler social, se impone al propietario todo un procedimiento de notificación al okupa donde se le requiera para que confirme si se encuentra o no en una situación de exclusión residencial (en ausencia de contestación se solicitará dicha información a los servicios sociales), de tal forma que en caso de que esté en dicha situación se le deberá ofrecer un alquiler social en la forma establecida en el decreto.

Si el okupa cumple esos requisitos, se normaliza y legaliza su situación. No partimos de un arrendamiento previo, en la que el inquilino no pueda seguir haciendo frente al pago de la renta, sino que no solo se protege una situación de ocupación ilegal, sino que además se premia con un ofrecimiento de alquiler social que, por bajo que pueda ser, parece lógico pensar que, una persona que no ha manifestado una intención de cumplir con la elemental obligación del pago de una renta, ni de los servicios y suministros de la vivienda, vaya cumplirlo a partir de ahora.

Por otra parte, el suelo de equipamientos admitirá construir alojamiento temporal para atender a familias en situación de emergencia y también se implementan herramientas para considerar como desocupados los edificios en obras inacabadas y se podrán movilizar para generar más viviendas asequible.

Las administraciones tendrán más oportunidades para comprar viviendas vía tanteo y retracto para destinarlas a alquiler asequible y, además, la Generalitat podrá aplicarlo en segundas y terceras transmisiones de viviendas anteriormente compradas a grandes tenedores.

 

Noticia redactada por el Dto. de Comunicación de STM Seguridad.

Fuentes: La Vanguardia, El Confidencial, Invertia, Inmodiario

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