Continúa el goteo de noticias sobre okupación ilegal durante y después del período de confinamiento.

Ahora son algunos alcaldes de destacados municipios de la provincia de Barcelona los que piden ayuda ante el aumento de la okupación en sus poblaciones.

En la calle Jaume I de Mataró se mezclan dos tipos de okupaciones ilegales. Despiertan sentimientos opuestos. Un veterano del barrio se declara “encantado” con los padres primerizos afincados debajo de su casa, unos okupas que crían a un bebé en una planta baja de la inmobiliaria Solvia, sin inquilinos desde que el último la abandonó, incapaz de costear la hipoteca. Bajo anonimato, cuenta que la joven familia lo libró de un “martirio”: “Hasta que no vinieron, no dormía. Hubo un tiempo en que se metía gente para quemar papeles, robar… Había noches en que me quedaba despierto y, cuando golpeaban la puerta, encendía la luz. Entonces se iban. Luego entró uno que pegó a mi hijo”.

Si bien avala a la pareja, el mismo vecino abomina de quienes se han adueñado de un bloque en la acera de enfrente, propiedad de la Sareb y desierto desde hace una década, cuando quebró la constructora que lo dejó listo para habitar. “Ahora echo la llave siempre. La gente tiene miedo. Y esto va a más”, nos cuenta, pocos días después de que a escasos kilómetros, en Premià de Mar, unos manifestantes apedrearan e invadieran un piso para expulsar a los ocupantes, a los que culparon de delinquir. “Pasará más veces. ¿Y aquí? Posiblemente”, augura.

 

 

El vecindario ha vinculado durante el confinamiento a quienes pueblan el inmueble con hurtos y amenazas. La Asociación de Vecinos del barrio de Cerdanyola estima que se albergan unos “cien okupas” y ha urgido a desalojar el bloque, foco de un malestar común con el que se zanjó con violencia en Premià. Tres días después del ataque y en medio de las quejas que relacionan las tomas de fincas con la inseguridad en Mataró, un operativo policial identificó a habitantes de tres edificios usurpados en la ciudad. Se arrestó a siete de ellos.

Sin opción a desocuparse mientras un juzgado no lo ordene, la Policía Local ha intervenido al menos en 25 ocasiones en Jaume I por alborotos, fiestas a deshoras y conexiones fraudulentas a suministros. Los vecinos piensan que es insuficiente. “Si te tomas la justicia por tu mano es malo, pero nadie nos hace caso. Si pasa algo, se liará. La gente está cansada. Y no es racismo, es que no se dedican a nada bueno”, opina una vecina, simpatizante de las patrullas ciudadanas surgidas en Mataró, a las que se ha tildado de xenófobas.

“En una okupación por necesidad, no me voy a meter. Pero no voy a estar tan de acuerdo si va a ser refugio para delinquir”, anticipaba el promotor de las rondas de vigilancia en Mataró, Toni Solana, antes del altercado de Premià. Una quincena de asociaciones vecinales de Mataró ha exigido actuar “con contundencia” contra “las ocupaciones ilegales que alteran la tranquilidad” y sofocar así tentaciones de suplantar a la policía.

“Tenemos okupaciones muy conflictivas. Nos lo tomamos como un hecho a erradicar”, dice el alcalde de Mataró, David Bote, que lamenta que la legislación deje “poco margen” para agilizar desalojos cuando se perturba la calma: “Tenemos una grieta para proceder cuando la vivienda no es habitable, pero es difícil en otros casos. Reivindicamos un cambio de la ley”.

No es el único edil del entorno de Barcelona partidario de endurecer la norma. “Los ayuntamientos casi no tenemos posibilidad para actuar”, observa la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, “se necesita una legislación que urge definir para dotar de instrumentos que pongan freno a las acciones ilícitas que a veces comporta la okupación y, a la vez, proteja a ciudadanos vulnerables”. Antes del incidente que ha reflotado la petición, el alcalde de Premià, Miquel Àngel Méndez, también previno contra la “facilidad existente para la okupación”.

 

 

“Muchos jueces aplican la ley de tal modo que causan cierto temor a actuar a las policías. Es más favorable a los okupas y va en contra del descanso de los vecinos”, piensa el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que propone facilitar el desalojo “en base al posicionamiento de vecinos del entorno, informes policiales y la autorización del propietario”. El alcalde matiza que aboga por negociar alquileres asequibles para los ocupantes que acrediten buena convivencia y falta de techo. Sin embargo, sostiene que “la mayoría” de las okupaciones “son conflictivas”.

Grupos antidesahucios contraponen que el retraso en conceder viviendas sociales empuja a menudo a quien sufre un desalojo a forzar domicilios que bancos y fondos conservan vacíos. La demora alcanza más de dos años en Barcelona.

“No he visto nunca a alguien que echen de un piso y tenga de inmediato una vivienda de emergencia”, expone Luis Ros, de la Plataforma de Afectados por la Crisis, que respalda a familias que han okupado en el extrarradio de Barcelona. Les aguardan expulsiones en julio tras el parón por la pandemia. “Los políticos no cumplen con el derecho a la vivienda y se encuentran más cómodos criminalizando a los más frágiles. ¿Pero qué hacen para evitar la okupación?”, pregunta Ros.

“Hay una falta impresionante de vivienda social. Provocaríamos un conflicto si miles de personas no okuparan”, creen asociaciones vecinales de la periferia sur de Badalona, donde el fenómeno está afianzado, también con compraventa de pisos allanados. Lo definen de “negocio de la pobreza” y piden auxilio para “suavizar el conflicto” que achacan a las okupaciones, por incivismo e impagos de gastos de escalera, que tampoco suelen abonar entidades que acumulan domicilios.

Los vecinos aseguran que hay casas antiguas y vacías al sur de Badalona que se resguardan con un remedio drástico: “Los herederos han hundido el techo. Así saben que no se meterá nadie. ¿Qué van a hacer ahí si está lleno de cascotes?”.

 

Aumentan las denuncias por okupar pisos

Si las dificultades para sufragar los costes del hogar y procurarse una vivienda asequible son rémoras que persisten de la anterior crisis, la okupación es uno de sus síntomas patentes. Las estadísticas de los Mossos d’Esquadra plasman que los allanamientos de pisos vacíos no han remitido en los años anteriores a la nueva recesión que amenaza con agudizar la pobreza. Justo lo contrario: en lo que se refiere a denuncias, la policía catalana supo de 1.615 supuestas usurpaciones de domicilios en Barcelona, 1.144 más que en 2011. El aumento se mide en un 242% en ocho años.

La cifra también se multiplicó en 2019 respecto a años previos en otras áreas policiales próximas a la urbe. En la de Badalona, se cursaron 649 denuncias por okupación en 2019, donde más en la región policial al norte de la capital catalana. Son 438 más que en 2011, un incremento del 213%.

Aunque con cifras totales menos abultadas, la interposición de denuncias se intensificó aún más en otros puntos del entorno de la capital catalana: 199 en Cerdanyola (765% más que en 2011), 234 en Granollers (680% más), 208 en Rubí (420% más), 335 en Sabadell (346% más), 204 en Santa Coloma de Gramenet (410% más), 258 en Terrassa (395% más), 205 en Mataró (1.608% más).

Que se disparen las denuncias no presupone necesariamente que se forzaran más pisos en 2019. La adquisición por parte de fondos de inversión de paquetes de viviendas en manos de bancos -incluidos hogares habitados- puede ser uno de los motivos que explique la escalada.

Los Mossos contabilizaron 17 detenciones en Barcelona el año pasado por presunta usurpación. En Badalona se practicaron 14 y ninguna en Mataró, donde el Ayuntamiento afirma que se deshicieron 19 okupaciones y tentativas entre enero y mayo de 2020, seis más que en los mismos meses de 2019.

 

Fuentes: Diari de Sabadell, El tot Mataró i Maresme, El Mundo.

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