Los grupos organizados dedicados a alquilar pisos para subarrendarlos por días a turistas a través de las plataformas digitales, y también aquellos que trapichean con viviendas en el mercado negro de la ocupación, se están aprovechando de mala manera de la suspensión de los desahucios.

Unos y otros están más relacionados de lo que parece. Y muchos pequeños propietarios, que tras meses de trámites y disgustos estaban a punto de recuperar sus inmuebles, se están quedando estos días con un palmo de narices.

Mauricio Ramírez y su pareja son propietarios de cuatro viviendas en una finca de la calle Marquès de Barberà, en el Raval. “Siempre hacemos contratos de alquiler de larga duración, a gente que busca un piso para vivir, y hace un año alquilamos uno a un ruso, por cinco años. Pero nuestro inquilino enseguida se puso a realquilar el piso por días. Lo convirtió en un piso turístico ilegal, cortó toda comunicación con nosotros y, encima, al cabo de un par de meses, dejó de pagarnos. Nos consta, a nosotros y al Ayuntamiento, que esta gente se dedica a esto de un modo profesional, que el nuestro no es el único piso de la ciudad que explotan de manera ilegal”.

El desahucio estaba marcado para el martes de la semana pasada. “No fue sencillo lograr una fecha –sigue Ramírez–. Todo es lento y farragoso, a veces desesperante. Primero los denunciamos por subarriendo y, al poco, por impago. En enero el juzgado nos dio la razón. Pero, con el confinamiento, se suspendieron todos los actos judiciales mientras dure el estado de alarma. Entonces nuestro desahucio se esfumó. Ahora de nuevo no sabemos cuándo recuperaremos nuestra vivienda. Y esperemos que esta gente no se aproveche de la moratoria de desahucios de seis meses. Se supone que esa medida es para proteger a familias, pero esta gente pues…”.

El abogado Manuel Montañés, que conoce bien esta clase de conflictos entre propietarios e inquilinos, que se miró bien el decreto ley del Gobierno central que dicta la moratoria, entiende que los grupos organizados que se dedican al subarriendo tratarán de aprovechar esta medida diseñada con el objetivo de echar una mano a medio millón de familias de toda España en situación de vulnerabilidad para mantener la posesión de los inmuebles, y una vez concluido el confinamiento volver a realquilarlos. Dado que esta gente apenas afronta gastos, no tendrá problemas en reducir los precios para atraer a la demanda. “Para acogerse a esta moratoria hay que demostrar que uno se encuentra en una situación de vulnerabilidad –detalla el letrado–. Pero estas personas acostumbran a declararse insolventes. Algunos, en verdad los menos, están tratando de aprovechar la incertidumbre para convencer a los propietarios de que renuncien a cualquier tipo de acción legal futura a cambio de que les devuelvan las llaves. Pero la mayoría permanecerá a la expectativa, a ver qué ocurre”. Además, desde un proceso judicial, medio año es poco tiempo. Un abogado puede dilatar los plazos con unos pocos escritos. Son circunstancias que también tratarán de aprovechar los grupos dedicados al trapicheo de pisos ocupados. Unos y otros están más relacionados de los que parece.

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, asegura que el Ayuntamiento hará todo lo posible para que, en cuanto se reemprendan los actos judiciales, los desahucios de los estos grupos organizados sean los primeros en llevarse a cabo. “En estos momentos no hay actividad turística. Seguiremos trabajando para que el mayor número de pisos turísticos ilegales pasen al mercado convencional de la vivienda”.

 

Katia Messa también se quedó la semana pasada con un palmo de narices. El desahucio de su vivienda también fue suspendido. Ahora estamos en la calle Salomó ben Adret, en el Gòtic. En estos momentos el piso de Messa está ocupado, ocupado por segunda vez, después de que un grupo dedicado al subarriendo lo traspasara a fin de sacar un último provecho antes de desaparecer. La verdad es que el piso de Messa cayó en una suerte de limbo inmobiliario. La italiana lo compró hace 20 años, “y siempre lo alquilé a estudiantes que se quedaban alrededor de un año. Yo soy madre soltera y para mí esto siempre fue un complemento muy importante”. Y el ­pasado abril aparecieron los inquilinos perfectos, una pareja encantadora, con buenas nóminas y dispuestos a pagar el mes entrante y otros dos de fianza… Lamentablemente pronto se sucedieron las excusas, los impagos, los anuncios en Airbnb, el trasiego de turistas…

“Al final conseguí que anularan nuestro contrato y fijaran el desahucio para principios del pasado diciembre –continúa Messa–. Pero cuando llegué con la comitiva judicial nos encontramos con una pareja que dijo que vivía allí con su hijo, que los anteriores inquilinos, mis inquilinos, les habían alquilado mi piso antes de marcharse. Se lo habían traspasado. Pasé de que me realquilaran a que me ocuparan. Tuve que iniciar un nuevo proceso. Y conseguí una nueva fecha de desahucio: el martes de la semana pasada. Pero fue suspendido porque todos los actos judiciales fueron suspendidos. Pero tampoco tengo claro si hubiera podido desahuciarlos. Los vecinos me llamaron y me dijeron que los ocupas ahora son otros, que a los anteriores se los llevaron al hospital, que tienen miedo de que los nuevos estén vendiendo drogas porque el trasiego por las escaleras es continuo… Y yo soy monitora de yoga, me quedé sin ingresos y tengo que hacer malabares para llegar a fin de mes. Todo es muy confuso. Tampoco sé lo que va a pasar. Ahora lo importante es que el mundo salga de esta situación”.

Algunos, como señaló el abogado Montañés unos párrafos atrás, también tratan de aprovecharse de esta incertidumbre para salir impunes de sus artimañas, para convencer a los propietarios de que renuncien a cualquier indemnización a cambio de que les devuelvan las llaves ahora mismo. “A mí acaban de proponérmelo –dice el propietario de un piso cercano al Arc de Triomf que prefiere conservar el anonimato–. Dicen que si les firmo un documento que ya tienen según el cual renuncio a los meses impagados y a pedir compensaciones, y me conformó con la fianza, me traen las llaves en un momento. Dicen que es un buen trato, que los desahucios están suspendidos, que a ver cuándo consigo echarles… Les dije que no. Esta gente convirtió mi casa en un hostal para hacerse de oro. No dejaré que se aprovechen de mí”.

Fuentes: La Vanguardia

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