La policía de Baleares podrá desalojar de forma inmediata a los okupas.

Según informa el portal “Confilegal” la Fiscalía de Baleares ha dictado una instrucción mediante la cual los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad podrán actuar “directamente y de forma inmediata” para llevar a cabo desalojos “sin necesidad de solicitar medidas judiciales” cuando la okupación de un inmueble “revista características de delito”.

En ella, el fiscal superior de las Islas Baleares, explica que podrán desalojar a los ocupantes ilegales y llevar a cabo su detención, si procede, instruyendo el correspondiente atestado en el que se incluirán, además, aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos.

La instrucción detalla que “solo cuando existan dudas sobre la naturaleza delictiva de la conducta se solicitarán previamente las medidas judiciales”.

Si la ocupación tiene lugar en un inmueble que se utiliza como segunda residencia “cuenta con la misma protección legal que la primera vivienda”. Tendrán la misma respuesta por parte de la policía las ocupaciones que se produzcan en despachos profesionales u oficina.

         

La Fiscalía de las Islas Baleares informa que se ha dictado esta instrucción “ante el grave problema social y jurídico” relativo a la ocupación ilegal de inmuebles, que “va en incremento”.

Señala que con ella se pretende “unificar criterios en la actuación policial para garantizar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de los ciudadanos, así como la posesión de los inmuebles por sus legítimos titulares”.

“Todo ello, sin perjuicio, de que cuando los ocupantes sean personas en riesgo de exclusión social se dé cuenta, previo consentimiento de los afectados, a los servicios sociales correspondientes para que no queden desamparados”, añade.

El fiscal Bartolomé Barceló pide que se dé traslado de la misma a todos los fiscales de la Fiscalía de Baleares, al Jefe Superior de Policía y al Coronel Jefe de la Guardia Civil para que las unidades de policía judicial se atengan a ella, así como a los jefes de las policías locales.

En la instrucción se plantean los diferentes escenarios que se pueden dar:

La okupación de inmuebles y viviendas ocupados por su titular; la okupación del domicilio de una persona jurídica y de un establecimiento abierto al público; y la de inmuebles desocupados.

En esta última variante se detallan dos modalidades distintas: la okupación sin autorización y la que se produce al mantenerse contra la voluntad del dueño.

Víctor Cornell, abogado de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Balears (PAH), considera que la instrucción firmada por el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, es “un toque de atención” a las fuerzas y cuerpos de seguridad que “ya tenían la capacidad de intervenir en caso de ocupaciones ilegales”.

Cornell recuerda que el artículo 245 del Código Penal ya castiga la ocupación ilegal de inmuebles. “La policía puede actuar para impedir ocupaciones, pero se ha extendido la idea de que solo podían resolverlas un juez”, afirmó Cornell. “Pueden hacerlo incluso si no hay denuncia por parte del propietario”, añadió.

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