Desde el pasado 23 de diciembre está en vigor el Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que paraliza los desahucios hasta el final del estado de alarma, el próximo 9 de mayo.

Una norma que podría amparar la ocupación ilegal y que no gusta ni a propietarios ni a los colectivos vulnerables.

La normativa amplía el abanico de beneficiarios, incluirá la prohibición de cortar los suministros básicos de la vivienda y compensará a los propietarios, siempre que la Administración no pueda realojar a las familias en un plazo de tres meses y que se encarguen de reclamar.

Expertos como Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL), Alejandro Fuentes-Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Oberta de Catalunya y Francisco Morote, portavoz nacional de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) analizan esta normativa que no convence a nadie.

AMPARA LA OCUPACIÓN ILEGAL

Para Beatriz Toribio, “desde su entrada en vigor, el decreto paraliza el desahucio de aquellas personas sin contrato de alquiler o título de propiedad que estén ocupando una casa de propietarios con más de una decena de viviendas, sean propietarios particulares o profesionales”.

“Este decreto nos convierte en el único país de Europa que ampara la ocupación ilegal”, advierte.

A su juicio, “con ello, se incrementarán los intentos de ocupación de viviendas, tanto a pequeños como a grandes propietarios, porque aunque la mayoría de los inquilinos actúan de buena fe, en el caso de la okupación ilegal es conocido que detrás de ella hay mafias y auténticos profesionales de la ocupación ilegal que aprovechan cualquier resquicio legal para apropiarse de forma indebida de una vivienda”.

Desde ASVAL apostamos por  buscar soluciones para los inquilinos afectados por la COVID-19, pero no a dar la misma solución a los ocupas ilegales y amparar este fenómeno que está creciendo a pasos agigantados en España, donde se producen entre 40 y 50 ocupaciones al día. Según datos del Ministerio de Interior, la ocupación de viviendas ha aumentado un 40 % entre 2015 y 2019”, comenta.

En cuanto a las compensaciones que el Gobierno fija a los propietarios en estas situaciones de desahucio.

“El sistema de compensaciones tiene que ser claro, inmediato y acorde con el daño causado”, afirma.

Según lo anunciado por el Gobierno, los propietarios tardarán tres meses en ser compensados económicamente, tiempo que tendrán las Comunidades Autónomas para dar una vivienda social a las familias vulnerables.

 

ASVAL considera que carece de sentido que no se compense durante este periodo de tiempo a los propietarios y que, además, éstos tengan que demostrar el perjuicio económico generado por la ocupación ilegal de la vivienda”, afirma toribio.

En su opinión, “es evidente que existe un daño económico cuando el propietario no puede hacer uso de su vivienda y, además, tiene que seguir haciendo frente a gastos e impuestos y posibles desperfectos de la misma. La carga cae sobre los propietarios, cuando ellos no son los que actúan de forma delictiva y se les expropia sus viviendas durante un periodo de tiempo”.

“Además, alertamos de que a la larga este tipo de medidas perjudicarán a largo plazo a los colectivos que en teoría pretende proteger, ya que habrá menos oferta de vivienda en alquiler, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes en detrimento de los colectivos vulnerables”, advierte.

Beatriz Toribio recalca que “con este decreto España está lanzando un mensaje contrario a la seguridad jurídica que reclama la inversión que quiere entrar en nuestro país para desarrollar este mercado”.

En cuanto a la solución del problema de los desahucios en nuestro país, la directora general de ASVAL recuerda que “ España tiene un gran déficit de alquiler social y a precio asequible. La solución pasa por aumentar la oferta de este tipo de vivienda y poner en marcha una ambiciosa política social de vivienda”.

Desarrollar ese parque de alquiler asequible es una solución a largo plazo, cuenta Toribio. «Por eso, desde ASVAL apostamos por ayudas públicas que garanticen que estos inquilinos vulnerables puedan hacer frente al pago de su renta, como se hace en otros países europeos”.

La propuesta de ASVAL se concreta en “ la creación de un fondo de ayudas directas de unos 700 millones de euros para los inquilinos en situación de vulnerabilidad. Es necesario tomar medidas que ofrezcan soluciones inmediatas y efectivas al problema habitacional existente en España, no que empeoren la situación actual”.

 

 

SE COMPENSA EL DERECHO A LA PROPIEDAD

Alejandro Fuentes-Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Oberta de Catalunya opina que “la normativa equipara jurídicamente a los ocupantes de vivienda sin título a los arrendatarios, legitimando así el fenómeno de la ocupación ilegal en perjuicio de la seguridad jurídica”.

En cuanto a las compensaciones que el Gobierno plantea a los propietarios, “estamos ante un reconocimiento explícito del Gobierno de que las restricciones que se impongan sobre el derecho de propiedad privada deben ser compensadas económicamente ya que el administrado no tiene el deber de soportarlas por mucho que estemos en plena pandemia”, aclara

Para Fuentes-Lojo, «la razón de esta relevante novedad legal no es otra que la de evitar el riesgo de un aluvión de reclamaciones patrimoniales millonarias contra la administración por las graves limitaciones impuestas en el derecho constitucional de la propiedad privada que podrían terminar incluso con condenas al Estado Español por las supremas instancias judiciales europeas”.

Este jurista recuerda que algo parecido sucedió “hace unos años en Italia, cuyo Estado fue condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Sorrentino contra Italia y Caso Bellini contra Italia, entre otros) a indemnizar a varios arrendadores por los daños y perjuicios sufridos a causa de la duración excesiva del proceso de desahucio”.

“Recordemos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica del Estado de Alarma, quienes, como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados, sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados”, puntualiza este experto.

“¡Si el Gobierno reconoce dicho derecho indemnizatorio, como no lo va a reconocer los propios tribunales!», comenta.

Tal como su propio nombre indica, se trata de una mera “compensación” y no de una indemnización por los daños y perjuicios que eventualmente pueda sufrir el propietario afectado por la suspensión del proceso judicial, lo cual abre el camino a futuras reclamaciones contra la Administración para reclamar cantidades indemnizatorias mayores a las compensaciones de mínimos que reconoce la norma legal” explica

Eliminada la incógnita de si los tribunales reconocerán un derecho indemnizatorio a los propietarios afectados en esta situación excepcional de fuerza mayor, «ahora la cuestión jurídica a discutir queda reducida estrictamente al quantum de dicha indemnización.”

Para este jurista, el problema de los desahucios requiere de otro tipo de soluciones “es un problema estructural de promoción de vivienda publica que no se ha resuelto. Ante la falta de vivienda social la propiedad tiene que soportar este tipo de anomalías jurídicas derivada de una falta de inversión en este tipo de vivienda”

“No hay solución inmediata, hay que invertir en vivienda pública y alquiler social”, comenta.

Otra medida menos lesiva para la propiedad sería para este experto en derecho inmobiliario “más que suspender el proceso de desahucio por impago de rentas, sería introducir una norma excepcional mientras dure esta calamitosa crisis sanitaria que impidiera la resolución del contrato por impago de renta, como ha hecho por ejemplo Alemania”.

“Son medidas menos lesivas para el derecho de propiedad ya que se mantiene el derecho a continuar exigiendo el pago de la renta íntegra y puntualmente, a la vez que se evita la pérdida del hogar familiar, en vez de postergar el problema en el tiempo hace el incidente de suspensión de desahucios aprobado”, apunta.

 

 

UN REAL DECRETO QUE NO FRENA TODOS LOS DESAHUCIOS

Por su parte, Francisco Morote, portavoz nacional de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),  señala a Confilegal que “el decreto tiene insuficiencias, por nuestra parte queríamos que solventase los flecos de decretos iniciales de abril, donde quedaba desprotegida mucha gente, sobre todos aquellos vulnerables antes de la pandemia”.

En su opinión “este real decreto solo atiende situaciones de vulnerabilidad económica pero no atiende a razones de edad. Eso hace que a familias muy mayores se les desahucie”. Para Morote esta reivindicación debería tener hueco en la próxima Ley Estatal de Vivienda que ahora se negocia entre los diferentes agentes sociales.

Desde este colectivo se ha trabajado para que se extendiese sus efectos hasta el 31 de diciembre del 2021. “los desahucios se pararon entre marzo y mayo al estar los juzgados parados. El CGPJ suspendió antes del estado de alarma toda actividad judicial que no fuera esencial. Cuando se reanuda la actividad judicial el pasado 4 de junio, la realidad nos vuelve a dar la razón”.

En ese periodo de tiempo hasta el 30 de junio el propio CGPJ hizo públicos que “se hablaba de 1400 desahucios en ese periodo de tiempo. En nuestro caso comparecimos en el Congreso de los Diputados el 5 de junio ante la Comisión de Reactivación por la Pandemia. Pedimos una tregua hasta el 31 de diciembre. Preveíamos un nuevo estado de alarma pero no nos atendieron”.

La actividad de la PAH no paró y en esos meses este colectivo mantuvo reuniones con diferentes grupos parlamentarios “Así se consigue el 11 de noviembre que nueve grupos parlamentarios, con mayoría suficiente si se sumaba el PSOE aprobase nuestra propuesta de paralización de desahucios y la paralización de los cortes de suministros que se habían caído de la prórroga de 30 de septiembre”.

Al final la enmienda se introdujo en los Presupuestos Generales del Estado y genero el decreto que ya conoce “ha mejorado lo que había pero sigue dejando a gente desprotegida. Los desahucios no se han parado todos porque hay que reunir ciertos requisitos en su conjunto para evitar el desalojo. Es demasiado garantista”.

Desde la PAH no se está de acuerdo en la compensación que se plantea a los grandes tenedores inmobiliarios “hablamos de la banca y fondos de inversión. La banca aún debe los 65.000 millones del rescate que tuvo. Y hay mucha vivienda que depende de ellos que no utilizan”

“Por su parte, los llamados fondos buitres, operan a través de Socimis, muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales. La Sareb tienen una cantidad importante de viviendas, muchas desocupadas. Son duros a la hora de negociar”.

Morote recuerda que no se ha compensado directamente a ningún sector de la economía afectado por la pandemia. “Se han dado ayudas con carácter general, pero lo que se establece para estos propietarios es un trato de privilegio, incluso superior a lo que puedan recibir por sus contratos de alquiler”, indica.

Y descarta que este Real Decreto haga una llamada a la ocupación ilegal. “Los únicos que se pueden salvar son aquellos que hayan sido demandados con anterioridad a este Real Decreto. Ahora cualquier ocupación es inviable, no te sirve alegar dicha nueva normativa para que te pongan en la calle. Sin embargo, el ponerte en la calle en esta situación de pandemia es un riesgo que habría que evitar”, relata.

Sobre la solución a los desahucios, desde la PAH se insiste en que hay que aplicar un conjunto de medidas. “Lo primero que se debe hacer es reconocer a la vivienda como derecho fundamental. Habría que estimular fiscalmente el uso de las viviendas y penalizar a aquellas que estén fuera de mercado”, apunta.

Por último, Morote es partidario de “crear un parque público de vivienda que no se tiene. El acceso a la vivienda ahora está muy limitado por la renta. Si tienes o no una renta puedes acceder a este tipo de viviendas. Aun así, según el INE hay 3,400.000 viviendas desocupadas de la banca y el Sareb que podrían convertirse en alquiler social”.

Fuentes: Luis Javier Sanchez (periodista jurídico), Diario jurídico, Confilegal
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