La ola de okupaciones en España sacude el derecho a la propiedad

Hoy en nuestro blog de noticias reproducimos el magnífico artículo/análisis que la Vanguardia publicó ayer día 25/10

Los números no cuadran en el problema de la ocupación de viviendas: las cifras oficiales y la realidad parecen estar muy alejadas, y el masivo fenómeno de pisos y chalets okupados, con miles de personas que no pueden alquilar un techo –y mucho menos comprarlo– y otros tantos que no pueden (o no quieren) utilizarlo pone en colisión dos derechos fundamentales. El derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad.

Por ejemplo: el Ministerio del Interior señala que en los primeros seis meses del año se han producido 7.450 denuncias por este motivo y el Consejo General del Poder Judicial contabilizaba en 2019 un total de 9.136 procedimientos en los juzgados. Sólo la Comunidad de Madrid acumula 4.200 pisos ocupados, València reconoce 2.129 viviendas públicas en esa situación y la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) cuenta unas 700, sobre un parque de 23.000. Una ciudad como l’Hospitalet calcula que un alto porcentaje de sus alrededor de 1.400 pisos públicos están así. Pero nadie sabe a ciencia cierta la dimensión real del problema.

“El fenómeno ha crecido de forma exponencial: hemos pasado de la okupación en clave ideológica a la de necesidad social. Y ésta sigue aumentando porque no hay vivienda pública”. El diagnóstico es de Àlex Garrido, alcalde de Manlleu (Barcelona) y responsable de administración local de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

En muchas zonas se extiende la okupación de lo que fueron segundas residencias

Su colega Natàlia Figueras, alcaldesa de Maçanet de la Selva (Girona), pinta un panorama desolador en las urbanizaciones creadas en los años 70 y que, tras la crisis financiera de 2008, quedaron con decenas de chalets en manos de los bancos. Maçanettiene 180 hoy casas ocupadas. Algunas, por bandas que cultivan marihuana en sus garajes. Lo mismo ocurre en urbanizaciones del Penedès, Anoia, Gironès o Maresme.

El perfil del ocupante es variado, pero encontramos muchos chavales que no trabajan, o que trapichean, parejas que no tienen para pagar un piso… Es menos habitual encontrar familias enteras”, describe Micky García, dueño de una empresa que se dedica a desalojar inquilinos irregulares.

Se da la paradoja de que, mientras nadie recuenta con rigor los datos de okupaciones (que son, desde luego, muy cambiantes), cada ayuntamiento tiene bastante bien controlado el fenómeno en su territorio.

El problema crece, entre otras cosas, porque no existe un criterio único para afrontar la situación desde un punto de vista legal y policial. Aunque hay instrucciones al respecto de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Interior, al final cada juez y cada tribunal tiene su parecer, que no está unificado.

“No hay herramientas para parar el fenómeno. Pero hay que recordar que la administración responsable de la vivienda pública es la Generalitat”, opina Pepe Castro, teniente de alcalde del área de convivencia y seguridad de l’Hospitalet de Llobregat. “En el mandato anterior –añade– se pararon [sólo en l’Hospitalet] unas 2.000 órdenes de desahucio. Tenemos unas 20 o 25 órdenes por semana. Pero no tiene sentido desalojar una familia con necesidades para que al día siguiente entre otra con los mismos problemas”.

De nuevo las estadísticas oficiales ofrecen datos paradójicos. Según el banco de datos del Consejo General del Poder Judicial, en España en 2019 hubo 54.006, menos que en 2018: 59.671.

 

 

En 2017, el Institut Cerdà –una fundación privada independiente que asesora a entidades públicas y privadas para la toma de decisiones estratégicas– hizo público un informe en el que cifraba en 87.500 las familias –o 262.500 personas, más o menos la población de l’Hospitalet o A Coruña– que residían en viviendas ocupadas. Un año más tarde se calculaba que ya eran unas 100.000, según una actualización de aquel informe.

El autor del mismo, Miguel Hernández, no osa arriesgarse hoy a hacer una extrapolación en función de los datos de casos judicializados, que sí están actualizados y que, por supuesto, han ido en aumento. En todo caso, apunta que “los efectos de la pandemia en la ocupación los notaremos más adelante, cuando acaben los efectos de los ERTE”.

La discrepancia entre los datos oficiales y los que ofrecen los municipios tiene su explicación: muchos casos no son denunciados y, por lo tanto, escapan al radar. La estadística de Interior señala que entre enero y junio de este año las fuerzas de seguridad han conocido 7.450 casos de ocupación ilegal: 41 al día.

 

La ocupación no sólo afecta a particulares, también a la vivienda social.

Jaume Fornt, de la Agència de l’Habitage de Catalunya (AHC), declara: “Debemos ponernos muy serios con el parque público de vivienda. Hay mucha gente esperando una”. Esta institución tiene 23.000 pisos en propiedad y unos 4.000 más, de bancos, en gestión. De este total, tienen 700 ocupados.

La AHC ha abierto desde 2016 2.728 expedientes por pisos ocupados, de los cuales 1.124 se han resulto favorablemente con acceso a vivienda pública. A veces se encuentran con que algún usuario renuncia al piso público, pero deja allí a un pariente. Una de las posibilidades que estudia la Agència es la reconversión de hoteles. “No sería lo óptimo, pero hay que buscar techo”, apunta una fuente de la entidad.

Por ahora, la AHC va a sustituir las llaves de todas las puertas de sus pisos por un sistema de códigos, que avisarán a la autoridad si son forzadas. Hasta ahora, tenían vigilancia privada que recorría las zonas donde tienen pisos para poder actuar contra okupaciones en las primeras 48 horas.

 

 

Existen mecanismos legales, pero no hay medios. El desalojo se podría hacer en quince días pero son nueve meses, porque los juzgados están colapsados. Y sólo puedes echar a la persona denunciada. Si hay alguien diferente tienes que volver a empezar”, explica David Maraver, responsable del área penal del bufete Arranz y Asociados, que ha llevado decenas de casos.

La ocupación de los pisos públicos no es un problema menor, porque cada caso supone que una persona que tiene derecho a un piso de estos debe esperar a que se resuelva la ocupación.

De hecho, ésta es también –dejando al margen las de los delincuentes– la otra cara de una moneda, que es el dramático desajuste entre lo que ofrece el mercado, los recursos de los que dispone la administración y la situación al límite en la que viven muchas familias. Unas 1.500 familias esperan piso, entre las mesas de emergencia de la Generalitat, Barcelona y l’Hospitalet.

A menudo son los servicios sociales municipales quienes piden un aplazamiento de la desocupación porque las familias a desalojar son vulnerables.

“Tras un año de gestiones hemos conseguido hablar con algunos de los grandes tenedores como Servihabitat o Coral Holmes, y nos han facilitado los listados de sus propiedades, para empezar a trabajar en alquileres sociales”, explica la alcaldesa de Maçanet. En sus urbanizaciones, las casas se venden hoy por unos 140.000 euros; parece difícil que nadie haga tal inversión allí.

Garrido (Manlleu, con 21.000 habitantes, tiene unas 220 viviendas okupadas) confiesa que ha llegado a pensar en una drástica solución para lograr pisos a precio social: “No hay oferta de vivienda para alquilar y la que hay está inasumible para la mayoría. Alguna vez me he planteado ocupar todos los pisos de los fondos buitres y a partir de ahí negociar con quien lo necesita de verdad”.

“Si lográramos acuerdos con los grandes tenedores se podría avanzar en la solución del problema”, apuntan fuentes de la Associació Catalana de Municipis (ACM), que agrupa a 938 de los 947 municipios de Catalunya.

El Observatorio de la Cruz Roja publicó en 2019 un estudio sobre la vivienda y estimaba que el 3,2% de los usuarios de sus servicios vivían en viviendas ocupadas. Sin embargo mucho más revelador es el hecho, consignado en esta encuesta, de que el 44% de los usuarios de estos servicios –en los que se asigna ayuda económica y alimentaria– eran propietarios de sus vivienda. El dato pone en evidencia que ser dueño de un inmueble no es hoy por hoy una garantía para no caer en la exclusión social.

 

Fuentes: La Vanguardia

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