El fenómeno del “secuestro de viviendas”

La familia Herreros tiene un bonito apartamento en Palamós donde suelen pasar las vacaciones de Semana Santa y Verano. Hace unos días recibieron una llamada inquietante de un vecino, les decía que había gente viviendo en su apartamento.

Preocupado, el señor Martín Herreros se desplazó rápidamente a Palamós. No pudo entrar al apartamento, la llave no abría la puerta y oía ruidos dentro. Entraron por la noche, cambiaron la cerradura y se hicieron fuertes hasta que les pagaron varios miles de euros que le exigieron a Martín para marcharse.

Esto, que parece el inicio de una novela, es una realidad que se repite cada día con mayor frecuencia.

El “secuestro de viviendas” es la base de un negocio que no tiene que ver con los movimientos sociales o los habituales desahucios que suceden también a diario. Se trata de bandas organizadas que localizan viviendas en las que detectan que los propietarios no viven habitualmente y las ocupan, con la única intención de conseguir un rescate de los propietarios para marcharse. Sin embargo, se amparan en la misma legislación y utiliza los resortes del derecho a la vivienda para funcionar. La policía, a menos que les pille in fraganti forzando la cerradura, no puede hacer nada.

Estas bandas encuentran en los resquicios de la ley y en la lentitud del proceso judicial un filón para la extorsión. El tiempo que un juez tarda en determinar si se trata de un caso de usurpación de vivienda puede llegar a ser el mismo que el del desahucio de una familia que no puede pagar el alquiler o la hipoteca y permanece en la casa por necesidad. Y todavía se alarga más si el proceso va por la vía penal.

Si hay un cambio de cerradura hecho ya no puedes entrar. El acceso a esa vivienda es inviolable, según señalan diversos abogados expertos en derecho inmobiliario. De hecho, si el propietario accediese a su domicilio incurriría en un posible allanamiento de morada, y si cortase los suministros de agua y luz se podría considerar un delito de acoso inmobiliario.

El fenómeno se reproduce en toda España, pero Cataluña se ha convertido en los últimos años en el epicentro de estas prácticas. Según el Colegio de Agentes de la Propiedad de Cataluña es una cuestión altamente preocupante. Ha crecido enormemente. Cada año hay alrededor de un 15% más, y siempre en casos que no son por necesidad, sino para extorsionar a los propietarios. Esto ya está protocolizado, tienen sus abogados, saben qué tipo de casas les conviene ocupar, quiénes son los propietarios. Al final el dueño no tiene derechos, se encuentra la casa ocupada y tiene que demostrar que es suya.

Puede parecer increíble, incluso surrealista, pero es así.

 

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