El pasado martes, día 4 de febrero, se celebró una jornada formativa organizada por el Colegio de Administradores de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) a fin de analizar el Decreto Ley 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 

En ella participó también El Ilustre colegió de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

Fue un acto multitudinario donde asistieron más de 500 administradores de fincas colegiados y profesionales, principalmente del sector inmobiliario, para poder Resolver dudas que ha ocasionado el DL 17/2019.

La jornada fue inaugurada por la Sra. Anabel Miró, Presidenta del CAFBL, y por el Sr. Agustín Sierra, Secretario de la Agencia Urbana y Territorio. Como ponentes, participaron la Sra. Cristina Vallejo, abogada y diputada del ICAB; M. Enrique Vendrell, vicepresidente y asesor jurídico de la Junta de Gobierno del CAFBL; M. Carles Sala, exsecretario de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalitat y asesor del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, y, el Sr. Jaume Fornt, director adjunto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

 

 

En las intervenciones, los ponentes hicieron especial énfasis en los Siguientes temas: ocupaciones ilegal y desahucios, oferta obligatoria de alquiler social, vivienda de protección oficial, nueva Definición grandes tenedores y constitucionalidad de la norma.

La Sra. Vallejo, en nombre de la Comisión Normativa del ICAB, manifestó su preocupación en lo que respecta a la ocupación ilegal en viviendas particulares y el evidente desequilibrio entre los derechos del propietario y del inquilino. El Sr. Jesús Sánchez, secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, intervino durante la ponencia de su compañera Cristina Vallejo para insistir que este DL ha supuesto una regresión en la lucha contra la ocupación ilegal y que hubiera sido mucho más lógico que se hubiera elaborado mediante un debate tranquilo entre todos los implicados en el Parlament.

Por parte del Sr. Vendrell, quien transmitió también su rechazo al DL, considera que estos decretos leyes pretenden imponer nuevas obligaciones y pérdida de derechos a la propiedad particular arrendadora, asumiendo responsabilidades desproporcionadas, desequilibrando radicalmente la relación entre el arrendador y el arrendatario en perjuicio del fomento del propio alquiler de vivienda que está en manos de los particulares en más del 93%. “La Administración tendría que contar con la experiencia y conocimientos de los Administradores de Fincas Colegiados y del sector inmobiliario para regular en estas materias”, señaló Enrique Vendrell. En su intervención hizo hincapié en una de las principales afectaciones: la nueva definición del colectivo de propietarios “grandes tenedores”; donde el nuevo DL hace referencia a personas jurídicas, fondos de capital riesgo y de titulación de activos y personas físicas que tengan más de 15 viviendas. Según su parecer, estos propietarios particulares no tendrían que ser vistos como grandes tenedores, igualándolos en muchos aspectos del decreto ley a entidades financieras o fondos que pueden llegar a tener centenares o miles de viviendas. De este modo, la nueva normativa afecta de forma ilimitada el conjunto del patrimonio inmobiliario residencial de aquellas personas físicas o jurídicas, obligándoles a ofrecer una renta social por un periodo que puede llegar hasta los 14 años y calculada en función de los ingresos de los inquilinos en riesgo de exclusión residencial, sin tener en cuenta los gastos de mantenimiento, servicios del inmueble, el IBI y otras cargas que esté soportando la propiedad.

 

                           

 

El Sr. Sala, respecto al DL, también expresó su disconformidad. “No estoy de acuerdo en que se haya hecho esta norma por Decreto Ley. Se pueden encontrar otras vías”, remarcó. Y lamentó que esta situación acabaría yendo en contra de las personas que más lo necesitan. En su ponencia destacó lo que se prevé desde la ONU y desde la Unión Europea sobre Derechos Humanos y que, en ningún caso, se legitiman las ocupaciones contra la voluntad de los propietarios.

La última ponencia, a cargo del Sr. Fornt, suscitó cierto desacuerdo en la sala, dado que gran parte de los asistentes, Administradores de Fincas Colegiados y representantes de otras entidades del sector inmobiliario, creen que desde la Generalitat de Catalunya no se ha hecho el esfuerzo suficiente ni se ha contado con todos los agentes implicados para la elaboración de este DL y se ha favorecido esta iniciativa reguladora en interés de movimientos profundamente ideológicos, pero sin contrastar su viabilidad. No obstante, Jaume Fornt insistió en que la Administración está haciendo más de lo que está en sus manos, trabajando firmemente en el problema de los desahucios y de la oferta de las viviendas de protección oficial. “Es de gran importancia crear fórmulas que permitan incentivar la promoción y construcción de vivienda de protección oficial por parte del sector privado”.

En todo caso, en la web del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, se puede leer la siguiente nota:

Desde la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) – que impulsó en su día la propuesta legislativa que dio lugar a la aprobación de la Ley 5/2018 de 11 de junio y en la que participó también el Colegio de Administradores de Finques de Barcelona-Lleida– queremos manifestar que lamentablemente el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a través de los Decretos Ley 17/2019 y 1/2020, ha dado un paso atrás en la lucha por la ocupación ilegal de una vivienda contra la voluntad de su propietario, al regular que la ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda, suprimiendo en el Decreto Ley 1/2020 la previsión expresa que se contenía en el Decreto Ley 17/2019, de prever como supuesto de excepción para considerar vacía una vivienda que el propietario acreditara haber iniciado acciones judiciales tendentes a la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el término para considerar una vivienda vacía.

 

Noticia redactada por el Dto. de Comunicación de STM Seguridad.

Fuentes: ICAB, CAFBL, Europapress

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